Una de las procesadas, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz, es la actual vicepresidenta Jurídica de la Fiduprevisora.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz; y al subsecretario de Gestión Agropecuaria de Atlántico, Martín Rafael Atencio García, como posibles responsables de las irregularidades detectadas en el proceso de contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal.
A los exfuncionarios, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, se les atribuye los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, a Sarmiento Ortiz le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.
La exsecretaria de Desarrollo Económico, en mayo de 2014, ordenó abrir una licitación por 1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos. El valor de cada elemento se fijó en su momento en algo más de 5’800.000 pesos, desconociendo una consultoría previa que estableció un costo menor. Este proceso finalmente fue declarado desierto por falta de oferentes.
Posteriormente, el 10 de julio de 2014, la exfuncionaria dispuso poner en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. En ese sentido, el 12 de septiembre de 2014, fue suscrito con una fundación privada un contrato por 980 millones de pesos.
Las evidencias dan cuenta de que Sarmiento Ortiz habría acordado favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos legales exigidos, no tenía experiencia ni capacidad suficiente para elaborar las lanchas, carecía de un astillero en Atlántico y de musculo financiero. En ese sentido, fueron modificados los pliegos de condiciones, el comité evaluador calificó indebidamente la propuesta comercial, se validaron documentos con información falsa y, a través de un contrato de prestación de servicios por 17 millones de pesos, se vinculó a un profesional para que brindara asesorías al adjudicatario.
En el curso de la investigación se conoció que, el 24 octubre de 2014, un día antes de acabar el plazo de entrega, el contratista tan solo había suministrado 32 de los 200 cascos que se comprometió a fabricar en 29 días. Por lo anterior, las partes acordaron suspender el contrato con el supuesto argumento de afectaciones por la fuerte temporada de lluvias, sin establecer el tiempo del aplazamiento para permitir a la fundación elaborar los elementos restantes. Para el 12 de diciembre de 2014, fue reactivado el contrato y se entregaron los 168 cascos que faltaban.
A su vez, Atencio García, como integrante del comité evaluador, presuntamente valoró los documentos presentados por el contratista, otorgó una calificación superior a la real y recomendó asignar el contrato por encima de otros oferentes más competentes. El entonces subsecretario de Gestión Agropecuaria, durante la ejecución del objeto previsto, fue nombrado supervisor del contrato y, ante el incumplimiento de la fundación, no alertó sobre las demoras y dejó que pasaran los días para que el contratista cumpliera.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/JI/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
