Estas personas habrían recibido ayuda de la red criminal para quedarse con seis contratos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a los contratistas Camilo Andrés López Giraldo y Fausto Alonso Bedoya Grajales, y les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.
Estas personas son señaladas de tener vínculos con el entramado criminal que conformó el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez para direccionar la contratación en varias entidades del orden nacional y territorial.
Los elementos de prueba dan cuenta de que habrían contactado a un integrante de la red de corrupción para conocer anticipadamente los pliegos de condiciones, y demás requerimientos de carácter presupuestal y legal contenidos en seis procesos contractuales, entre abril de 2021 y marzo de 2022.
De esta manera, López Giraldo, al parecer, obtuvo de manera irregular los contratos de obra y de interventoría para el mejoramiento de vías urbanas en Pueblo Rico (Risaralda); otro para la adecuación de carreteras veredales y realizar la construcción de un parque en La Merced (Caldas); uno más para construir una cancha sintética de fútbol cinco en Balboa (Risaralda); y el contrato de manteamiento del polideportivo de Aguadas (Caldas).
Los contratos ascendieron a 3.074 millones de pesos. En tres de los negocios, Bedoya Grajales participó haciendo parte de los consorcios ganadores.
Los contratistas, presuntamente, le entregaron al entramado de corrupción el 10% del valor total de cada contrato de obra, y el 25% del costo de cada consultoría en algunos de los contratos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/AC/EAC/DECC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
