Los patrulleros de la Policía Nacional Jhon Jairo Rabeles Ortega, de 36 años de edad, y Orlando José Argüello Gómez, de 31 años, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro de reclusión por el Juzgado 4 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, por exigirle supuestamente dinero a un pensionado del Ejército de Estados Unidos para no judicializarlo por un aparente delito por el que pagaría una alta condena.

La víctima, de 74 años de edad, llamó este 21 de junio a la línea de emergencia para denunciar los problemas de convivencia que tenía con su vecina. En la llamada el pensionado manifestó que la mujer lo insultaba, decía que él inventaba chismes contra ella y en una ocasión lo amenazó con romper sus pasaportes; también dijo en la denuncia que la mujer hacía estas afirmaciones de manera intimidante.

Rabeles Ortega y Argüello Gómez, policías del cuadrante del barrio Laureles de Medellín,  acudieron a la casa del exmilitar y, mientras uno se quedó con él, el otro subió a la casa de la denunciada. Una  hora después el uniformado bajó a la casa de la víctima y le dijo que lo tenía que capturar porque las quejas que hacía contra su vecina eran muy graves. El anciano confundido continuó escuchando a los agentes quienes le leyeron los derechos del capturado.

Momentos después, el policía le dijo a la víctima que las cosas se podían arreglar, le advirtió que podría enfrentarse a una pena de 15 años de prisión, y entre ambos policiales le exigieron al parecer $500 000 para no continuar la judicialización.

El denunciante les dijo que no tenía el dinero exigido y que su mesada llegaba los primeros días de julio. Así, los victimarios le indicaron que regresarían por el dinero y el 3 de ese mes cumplieron lo señalado. Sin embargo, la víctima indicó que un día festivo no le pagaban. Se estableció que los policías habrían ido en varias oportunidades por los $500 000, y ante la presión que sentía, el pensionado norteamericano pagó solo una parte de la exigencia.

Los investigados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal del Gaula militar por el delito de concusión.

 

NAM/DLBM