El Juzgado 6° Penal Municipal de Buenaventura impuso medida de aseguramiento en cárcel contra cinco procesados por las supuestas irregularidades en la contratación y manejo de los dineros del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura. Dos investigados más deberán cumplir la medida en su lugar de residencia.

En la audiencia de judicialización la Fiscalía imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en contratos y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Los hechos materia de investigación son de 2016, año desde el cual se habrían presentado anomalías en los procesos contractuales de más de 10 mil millones de pesos que, aparentemente, fueron direccionados a fundaciones sin ánimo de lucro que no contaban con la experiencia necesaria para asumir temas ambientales.

Asimismo, se pudo establecer que la contratación registraría sobrecostos, objetos contractuales ambiguos y a medias, pero puntualmente fue pagado el 100% de los valores pactados. Según la Fiscalía, en seis de los 70 contratos revisados, que suman $1.225 millones, se detectó un detrimento de $1.030 millones de pesos. Al parecer, las pérdidas totales de toda la contratación ascenderían al 80% de los contratos.

Igualmente, la Fiscalía estableció que varios de los integrantes del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura se habrían beneficiado ilegalmente y serían propietarios de las fundaciones a las que se les entregaron los contratos.

Los que irán a centro carcelario son: Jorge Humberto Anizares Mosquera; exdirector del EPA; Karen Yohana Sinisterra Vergara, ex subdirectora Administrativa y Financiera del EPA; Bárbara Rentería Angulo, exsubdirectora de Gestión Ambiental; Alexander Ocoró Aragón, subdirector de educación ambiental; y los contratistas, Fernando Paes Bernal, Albeiro Sinisterra Amú y Ana Bibiana Amú Riascos, esta última es representante legal de la Fundación Agroesop;

El juez determinó que las contratistas Laura Nelly Victoria Soto y Sugey Liliana González, deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria.

MAP/JARG