Las propiedades, cuyo valor  es aproximadamente 120.000 millones de pesos, están ubicadas en Necoclí (Antioquia). 

Por solicitud de un fiscal de Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 30 predios ubicados en Necoclí (Antioquia), que conforman un globo de terreno denominado La Virgen del Cobre. 

Las propiedades, cuyo valor asciende en 120.000 millones de pesos, estarían relacionadas con el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su excomandante Freddy Rendón Herrera. 

Los elementos de prueba dan cuenta de que pertenecerían a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, uno de los señalados financiadores de la mencionada estructura paramilitar en el Urabá antioqueño. Los elementos de prueba indican que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades narcotraficantes ejercidas desde los años ochenta.  

De igual manera, se ha establecido que los bienes, al parecer, sirvieron como lugar de encuentro de los cabecillas del Bloque Elmer Cárdenas con representantes de organizaciones políticas y económicas de la región. En las reuniones, al parecer, fue impulsado el proyecto político regional ‘Urabá en Paz’, para el presunto financiamiento del paramilitarismo. 

En los próximos días, la Fiscalía entregará los inmuebles afectados con medidas cautelares al Fondo para la Reparación a las Víctimas, para su administración. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

LMFO/JARG/SSR/DJT/ 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.