En muchas investigaciones la simulación de investidura aparece vinculada a intentos de estafa, usurpación de funciones o falsedad documental. Esta conducta sanciona a quien pretende ejercer autoridad sin tenerla. Aquí te contamos por qué es un delito y cómo identificarlo.

La simulación de investidura ocurre cuando una persona finge tener un cargo o autoridad pública sin ser realmente servidor del Estado.

Esta conducta se relaciona con la usurpación de funciones públicas, un delito que se configura cuando alguien se presenta como policía, fiscal, servidor judicial u otra autoridad, ejerciendo funciones que no le corresponden o utilizando prendas, insignias o documentos oficiales.

Este delito no solo implica aparentar un cargo público, también incluye cualquier intento de ejercer autoridad, realizar procedimientos, solicitar información o intervenir en situaciones propias de entidades del Estado sin estar legalmente facultado.

Estas acciones pueden utilizarse para cometer estafas, intimidar a ciudadanos, acceder a lugares restringidos o interferir en investigaciones oficiales.

Simular ser funcionario público representa un riesgo para la ciudadanía y una afectación directa a la institucionalidad.

Por ello, en Colombia estas conductas constituyen delitos como usurpación de funciones públicas, uso indebido de uniformes e insignias, y falsedad documental cuando se emplean credenciales, carnés o elementos adulterados.

Quien incurra en esta conducta puede enfrentar penas de prisión de dos a cuatro años, además de una multa equivalente entre tres y quince salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en la normatividad penal colombiana.

La pena puede duplicarse si se realiza con fines terroristas o en grupos de delincuencia organizada.