La preclusión consiste en la decisión de un juez de autorizar la terminación del proceso penal, cuando se cumplen unas condiciones precisas de ley; sin que sea necesario agotar todas las etapas procesales.
Si durante la indagación de unos hechos, la Fiscalía General de la Nación considera que no hay mérito para continuar con la acción penal, puede solicitar la preclusión de ese caso ante un juez de la República.
Ahora, si el proceso avanza a etapa de investigación, por formulación de imputación, y la Fiscalía General de la Nación no encuentra elementos suficientes para avanzar a un juicio, puede solicitar a un juez de conocimiento la preclusión.
La preclusión procede cuando las pruebas no son suficientes, hay certeza de que no se configuró un delito, el indiciado falleció o la conducta que se investiga prescribió, es decir, que pasó el tiempo para aplicar una sanción penal.
En algunos casos, las decisiones de preclusión pueden ser revisadas. Si una víctima o una parte interesada considera que la decisión es inapropiada, puede interponer los recursos de ley para cuestionarla.
