El Código Penal establece que portar, fabricar o comercializar un arma sin permiso de la autoridad competitiva es una conducta que afecta la seguridad pública. Por eso la ley exige identificar cada arma, el origen, portador y uso, y sanciona la circulación sin autorización. Este control permite a las autoridades prevenir que estos elementos terminen vinculados a la comisión de otros delitos y se garantiza una respuesta penal clara respecto a quienes incumplen la norma.
El porte ilegal de armas ocurre cuando una persona sin permiso de autoridad competente importa, trafica, fabrica, transporta, almacena, distribuye, vende, suministra, repara, porta o tiene en su poder armas de fuego de defensa personal, algunas de sus partes o accesorios esenciales como municiones.
En Colombia, el control y uso de las armas de fuego le corresponde a la fuerza pública, y existe una regulación para que otros organismos o terceros puedan disponer de estos artefactos.
La norma penal establece que la conducta ilícita no se limita exclusivamente a portar un arma, también incluye fabricarla, venderla, guardarla, transportarla o comercializarla sin permiso.
Y define dos delitos de acuerdo con el tipo de arma, su origen o uso.
Se habla de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, que contempla penas de 9 a 12 años de prisión; y de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cuando la persona infractora tiene en su poder un arma o artefacto que hace parte del inventario de la fuerza pública. Aquí la pena va de 11 a 15 años de prisión.
Las sanciones pueden aumentar si el arma se usa para cometer más delitos o hay otros factores o agravantes.
Por ejemplo, utilizar medios motorizados, emplear máscaras u otros elementos para ocultar la identidad o se trate de armas modificadas en sus características, entre otras circunstancias.
El porte ilegal de armas aumenta los riesgos para la ciudadanía y facilita que se cometan otros hechos violentos.
