Se trata de un delito, en el que un servidor público, en ejercicio de sus funciones, consigna en un documento información falsa u omite total o parcialmente la verdad sobre un hecho o un acto.

El Código Penal Colombiano establece para esta conducta ilícita una condena entre 64 y 144 meses de prisión, e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un periodo entre 80 y 180 meses.

Para que este delito se configure debe ser ejecutado de manera voluntaria, esto es, con conocimiento de que constituye una infracción penal y aun así se quiera seguir adelante en su realización.

Un ejemplo de falsedad ideológica en documento público es cuando un notario firma una certificación notarial en la que afirma que un ciudadano está realizando una determinada transacción cuando en realidad dicha persona no está presente o no ha dado su consentimiento para esa operación.

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