Se trata de Luz Adriana Sabogal Rodríguez, quien solicitó la millonaria suma como contraprestación para no demandar el EOT, que había modificado el uso del suelo en algunas zonas semi rurales en El Rosal (Cundinamarca).
La contundencia del material de prueba aportado por la Fiscalía permitió que una jueza de conocimiento condenara a 8 años de prisión a la exconcejala del municipio El Rosal (Cundinamarca) Luz Adriana Sabogal Rodríguez, responsable del delito de concusión.
Los hechos investigados ocurrieron durante el periodo 2016 – 2019 cuando la ahora sentenciada se desempeñaba como concejala del municipio de El Rosal (Cundinamarca). El material de prueba aportado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción evidenció que Sabogal Rodríguez; en compañía de otros cinco concejales, visitaron en mayo de 2016 la residencia de un empresario para exigirle el pago de 1.200 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, al realizar el pago los dirigentes políticos se comprometían a no demandar el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, que había modificado el uso del suelo en las algunas zonas semi rurales, beneficiando el desarrollo de un proyecto urbanístico.
La evidencia recolectada determinó que las referidas presiones fueron encabezadas por la ahora condenada, a quien le corresponderían 200 millones de pesos, del total del monto exigido.
Tras avalar los argumentos de la Fiscalía, la jueza condenó a Sabogal Rodríguez a 8 años de prisión. Además, deberá pagar una multa de 84 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2016, y no podrá ejercer funciones y derechos por 96 meses. La sentencia fue apelada por la defensa.
Por mismos hechos, la Fiscalía logró que fueran condenados a 5 años de prisión, cuatro de los exconcejales que participaron en este entramado de corrupción.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/MAGA/SMM/DECC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
