Fue sentenciado por homicidios, casos de desaparición forzada y de desplazamiento, entre otras conductas delictivas ocurridas en Antioquia, entre 1996 y 2005.
Luego de recopilar pruebas suficientes para demostrar un patrón de macrocriminalidad en el noroccidente antioqueño, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos logró que el exjefe paramilitar Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, aceptara su responsabilidad en 19 hechos delictivos ocurridos en Cañasgordas (Antioquia), entre 1996 y 2005.
El entonces cabecilla del Bloque Noroccidental Antioqueño de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconoció cuatro homicidios en persona protegida, siete casos de desaparición forzada, dos secuestros, un acceso carnal violento, concierto para delinquir y cinco eventos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil.
En el curso de la investigación se acreditó que las víctimas del actuar criminal de alias Memín eran habitantes, la mayoría campesinos, que se opusieron a las directrices de los grupos paramilitares o fueron señalados de auxiliar a otras estructuras ilegales que delinquían en la región.
Por todo lo anterior, un juez penal del circuito especializado de Antioquia, en atención a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), condenó a Luis Arnulfo Tuberquia a 20 años de prisión. La pena la deberá cumplir privado de la libertad en establecimiento carcelario.
Este resultado judicial hace parte de una macroinvestigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que ha puesto en evidencia graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las AUC, en 27 municipios del noroccidente antioqueño. En esta línea de acción se han obtenido cuatro condenas contra alias Memín.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/HTP/DECVDH/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.