Tres de sus integrantes deberán pagar penas que superan los 22 años de prisión, por asaltar con cuchillos y armas de fuego a usuarios del SITP y a taxistas en el sur de Bogotá
La contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron a un juez penal de conocimiento condenar a tres integrantes de la organización delincuencial ‘Los Azulejos’, a 22 años y 6 meses de prisión por hurtos a los usuarios del sistema de transporte público en Bogotá.
Los sentenciados son: Yeison Javier Montaño Mosquera, Eduardo Arturo Londoño y Luis Fernando Cruz Salguero.
De acuerdo con el fallo, estos tres hombres son responsables de los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
Un fiscal de la Seccional Bogotá demostró en juicio que ‘Los Azulejos’, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, se dedicaron a asaltar con armas de fuego y cuchillos a conductores y pasajeros que se movilizaban en buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y en taxis, en diferentes barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la Ciudad.
En el curso de la investigación se acreditaron, por lo menos, tres eventos delictivos en los que los hoy sentenciados subieron a los vehículos, intimidaron a los ocupantes y escaparon con celulares, dinero y otros objetos de valor. En uno de los hechos que se les atribuye dejaron herido de gravedad a un ciudadano, que permaneció varios días en observación médica.
‘Los Azulejos’ deberán cumplir la pena en establecimiento carcelario.
La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
La Fiscalía habla con resultados.
FAGH/JARG/DO/LML/SB /MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
