Este hombre participó en dos hechos distintos en los que murieron 16 personas. Adicionalmente, se le atribuyen otros asesinatos selectivos.

Las pruebas aportadas por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) fueron determinante para que un juez de conocimiento condenara a Juan Carlos Serna Vélez, conocido con los alias de La Rata, El Zarco o Ratoncel, por su responsabilidad en dos homicidios colectivos ocurridos en Antioquia, en los que murieron 16 personas.

‘Ratoncel’, mediante preacuerdo, aceptó de manera libre y voluntaria los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. En ese sentido, fue sentenciado a 26 años de prisión.

El primer hecho que se le atribuye sucedió el 22 de noviembre de 2020, en Betania (Antioquia). Ese día murieron 10 personas.

El segundo evento se registró el 16 de febrero de 2021, en Andes (Antioquia), y dejó seis personas muertas. La investigación permitió determinar que ‘Ratoncel’ y otros integrantes de la estructura delincuencial ‘La Oficina’ ingresaron a un predio en la vereda La Julia y dispararon indiscriminadamente contra las personas que allí departían.

Asimismo, la Fiscalía estableció que Serna Vélez también participó en el homicidio de dos civiles, en hechos ocurridos el 23 de enero y el 11 de febrero de 2021, en Andes (Antioquia).

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

AMCJ/JARG/AAB/UEI/MRC/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.