Mario Muñoz Bolaños es señalado rendir declaraciones falsas, que posteriormente sirvieron para respaldar las peticiones que beneficiaron a varios internos.
Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Mario Muñoz Bolaños aceptó mediante preacuerdo haber participado de un entramado criminal dedicado a gestionar de manera irregular el traslado de personas privadas de la libertad, de centros carcelarios de alta y mediana de seguridad a establecimientos de baja seguridad, a cambio de importantes sumas de dinero.
En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Cali (Valle del Cauca) lo condenó a 5 años y 11 meses de prisión, y lo declaró responsable de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción en calidad de interviniente, falsedad en documento privado, falso testimonio y fraude procesal. Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 134 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entre 2015 y 2017, una red conformada por abogados, dependientes jurídicos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre otros, tramitó ilegalmente el traslado de internos de alto perfil criminal a las cárceles de Florida, Yotoco y Vijes (Valle del Cauca); y Miranda y Guapi (Cauca), donde tuvieron condiciones menos restrictivas, se fugaron o cumplieron las penas en medio de beneficios y comodidades.
En el caso puntual, Muñoz Bolaños era el encargado de presentar ante diferentes notarías declaraciones extrajuicio con contenido falso, en las que acreditaba que conocía a las personas privadas de la libertad que serían favorecidas y daba fe de que vivían en el municipio al que serían llevadas. Estos documentos eran utilizados por la organización criminal para soportar ante la autoridad judicial las peticiones de traslado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/HT/DECVDH/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
