Claudia Patricia Otálora Cano, exjefe de Planeación del IDU, hizo parte de un entramado de corrupción que direccionó contratos de obras públicas por 84.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena contra la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Claudia Patricia Otálora Cano, por varias actuaciones irregulares detectadas en la contratación de obras públicas en Bogotá.
En 2009, la exfuncionaria hizo parte del Comité de Adjudicaciones del IDU. En ejercicio de su cargo participó en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización, con el propósito de beneficiar a dos contratistas específicos.
Los proyectos comprometidos, que ascendieron en valor a 84.000 millones de pesos, contemplaron la construcción de andenes, dos ciclos puentes, una calzada de la Avenida La Sirena (Calle 153), la intersección del deprimido de la Calle 94 y tres puentes peatonales.
Las pruebas obtenidas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acreditaron varias anomalías auspiciadas por la señora Otálora Cano y otras personas, entre estas la entrega de información reservada del proceso de selección a los aspirantes favorecidos para que ajustaran sus propuestas, fallas en la fase de planeación relacionadas con estudios y diseños incompletos, deficiencias en la elaboración de los presupuestos, y limitación a la participación de otros oferentes.
Por estos hechos, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe de Planeación del IDU a 11 años de prisión, como responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Asimismo, le impuso multa equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 127 meses para ejercer cargos públicos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/DAAG/DECC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.