En los hechos que motivaron la sentencia fueron intimidados, por lo menos, cinco estudiantes de la Escuela de Cadetes General Santander.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a 10 años y 6 meses de prisión a los coroneles en retiro Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, como responsables del delito de constreñimiento a la prostitución.
Durante el juicio oral un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acreditó que, entre de 2005 y 2006, el señor Castellanos Soto frecuentó la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander con el propósito de contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a salir, para después ejercer actividades sexuales.
La investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitió identificar, por lo menos, cinco alféreces que, en medio de presiones y la amenaza de que no podrían seguir la carrera policial, accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, quien para la época se desempeñaba como jefe de seguridad del Congreso de la República.
De otra parte, el entonces mayor Torres Orjuela, en su condición de jefe de sección de la General Santander, ejercía mando sobre los alumnos. Esta posición la usó para coaccionar e intimidar a las víctimas, y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela para que aceptaran los encuentros sexuales con el coronel Castellanos Soto.
La condena dispuso que los oficiales en retiro deberán cumplir la pena en establecimiento carcelario. El fallo conocido es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Esta decisión se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JARG/HATP/DECVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
