Deberán cumplir 60 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio.
El actuar violento de un grupo de ciudadanos que ingresó en medio de golpes a la sede de la Registraduría municipal de Gamarra (Cesar), incendió la edificación, ocasionó la muerte a una funcionaria de la entidad y dejó seis personas heridas, recibió la máxima pena que contempla la ley penal colombiana.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar dejó en firme la condena a 60 años de prisión en contra de Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, por su participación en los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2023; y reafirmó su responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio.
Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego.
Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible, que fue rociado y usado para incendiar el inmueble. Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas.
En mayo del año en curso, una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a estas tres personas. Ahora, la sentencia es confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cesar.
LMFO/JARG/JAGA/DAT/DST/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
