El oficial se desempeñaba como comandante en El Tarra, y fue atacado por un francotirador mientras realizaba patrullajes.
Ante las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Ever Antonio Durán Carrascal, alias Ever o Calavera; y Daniel Ortiz Figueroa, alias Camilo o Mugre, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del teniente coronel de la Policía Nacional, Edison Andrés González Huertas, ocurrido el 11 de mayo de 2023, en El Tarra (Norte de Santander).
Un juez penal especializado de Cúcuta (Norte de Santander) avaló la negociación y condenó a los dos integrantes del denominado Frente de Guerra Nororiental del ELN a 17 años y 11 meses de prisión, por delitos como homicidio agravado, rebelión, utilización de uniformes e insignias; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
En el curso de la investigación liderada por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial se acreditó que el entonces mayor González Huertas, quien se desempeñaba como comandante de El Tarra (Norte de Santander), salió con varios de sus subalternos a realizar un patrullaje de rigor y fue atacado por un francotirador.
Para concretar la acción criminal ‘Ever’ y ‘Mugre’ realizaron las labores de vigilancia y de seguimiento a la víctima, y se comunicaron con el hombre que disparó para indicarle el momento exacto en el que debía hacerlo.
Por estos hechos, la Fiscalía avanza en juicio oral contra Leonardo Galvis Quintero, alias Zarco, presunto francotirador que le causó la muerte al oficial. Adicionalmente, fue sentenciado Hover Ramírez Ruíz, alias Cachaco, el encargado de escoltar y ayudar a escapar al atacante.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
