La Fiscalía General de la Nación –FGN–, en cumplimiento de la Constitución, la legislación nacional y los compromisos internacionales, atendiendo a las solicitudes de los jueces de la República y de la sociedad, consciente del contexto de discriminación y violencia que siguen viviendo muchas personas en Colombia en razón a su orientación sexual y/o identidad de género –OSIG–, sea esta real o percibida, ha considerado pertinente expedir una guía de buenas prácticas para cualificar las fases de investigación y judicialización de este tipo de violencias1.
Lo anterior en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020-2024, Resultados en la calle y en los territorios, trazado por el Fiscal General de la Nación, en el que se plantea el objetivo estratégico 1: Aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana y de zonas rurales y considera la “priorización de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana[…]” (p. 4). Entre estos, se destacan los delitos contra la vida, como el homicidio y el feminicidio, conductas que vulneran gravemente la integridad personal. En este sentido, el objetivo 1.1., “Aumentar el esclarecimiento del homicidio en contra de poblaciones priorizadas”, señala “la afectación acentuada que sufren algunas poblaciones especialmente protegidas y que deben ser abordadas de manera prioritaria y diferencial”.
Precisamente, entre las acciones contempladas en el Direccionamiento Estratégico para el alcance de estos logros, se menciona la necesidad de hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de los datos que se registran en los sistemas de información de la FGN, con el fin de contar con contenido integral acerca de la calidad de las víctimas y victimarios, que permita hacer estudios estadísticos de los sujetos procesales que pertenecen a grupos poblacionales específicos, como la comunidad LGTBI. Esta estrategia permitirá monitorear las acciones de violencia que sufren estas personas, así como definir el riesgo y las estrategias para enfrentarlo.
En ese orden, el propósito de este documento es brindar herramientas para la identificación de las violencias fundadas en la OSIG y fortalecer las capacidades de los funcionarios de la FGN en la investigación y judicialización efectiva de los delitos asociados a estas violencias, así como su adecuado registro en los sistemas de información, garantizando el derecho a la igualdad y no discriminación de las víctimas.
Para el desarrollo del objetivo propuesto, el documento se estructura en cinco secciones. La primera sección explica el marco conceptual y las definiciones generales para la comprensión de los elementos asociados a la orientación sexual e identidad de género. La segunda introduce las obligaciones del Estado respecto de las personas con orientación sexual e identidad de género, entre las que se resalta el derecho a la igualdad y la no discriminación y la obligación de investigar y sancionar las violencias en contra de estas personas. En la tercera se exponen algunas buenas prácticas para ser tomadas en cuenta en la investigación y judicialización de las violencias basadas en la OSIG, a partir del principio de debida diligencia.
En la cuarta se presentan buenas prácticas en materia de adecuación típica e imputación de las violencias en contra de personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Finalmente, en la quinta se efectúan algunas consideraciones sobre el reconocimiento de la identidad de género y la orientación sexual en la atención a víctimas y usuarios de la Fiscalía General de la Nación.
1 Esta guía contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de USAID y la participación de organizaciones sociales que intervinieron en diferentes etapas del proceso de producción del presente documento, particularmente la organización Caribe Afirmativo que lideró los procesos de entrevistas y talleres dirigidos a funcionarios de la entidad. Así mismo, la organización Colombia Diversa desde su trabajo y experiencia aportó valiosa información para la elaboración del presente documento y en su fase inicial se contó con el acompañamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (originalmente, International Gay and Lesbian Human Rights Commission).
