Cuatro de los señalados articuladores principales de una estructura ilegal fueron capturados, entre ellos un hombre conocido como ‘El Bendecido’ y un coronel en retiro.
Con el ingreso de mercancía de contrabando por los puertos del país habrían obtenido ingresos ilícitos que superarían los ocho billones de pesos anuales.
La Fiscalía General de la Nación lideró una gigantesca operación que permitió capturar a cinco de los presuntos articuladores principales de una red criminal, que estaría involucrada en el ingreso a gran escala de contrabando proveniente de Estados Unidos, y países de Asia y Europa.
Las diligencias se realizaron de manera articulada con la DIJIN de la Policía Nacional en Bogotá, Bucaramanga (Santander) y Cali (Valle del Cauca).
Los detenidos son un mayor de la Policía Nacional, un coronel en retiro y dos particulares, que serían los auspiciadores de la entrada irregular de, por lo menos, el 80% de la mercancía de contrabando que se mueve por los puertos del país.
Los elementos de prueba dan cuenta de que esta estructura, al parecer, gestionaba semanalmente el acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzado, cigarrillos y otros productos. Esto habría representado una renta ilícita que ascendió en un año a ocho billones de pesos.
Adicionalmente, se estableció que el actuar criminal estaba mediado por el pago de dádivas a funcionarios para garantizar la entrada del contrabando, el transporte en tractocamiones por rutas previamente establecidas y el almacenamiento en bodegas de diferentes ciudades, donde eran evadidos los controles de las autoridades.
En tres meses de actividades investigativas, se acreditaron eventos en los que esta red habría pagado 902 millones de pesos a servidores que cumplían funciones de vigilancia y control aduanero.
Judicialización
Los procedimientos de captura fueron legalizados por un juez de control de garantías de Bogotá. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputará a los investigados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.
Los procesados son:
- Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido. También sería conocido como el ‘Zar’ del contrabando en Buenaventura (Valle del Cauca). Las evidencias indican que estaría involucrado en el pago de sobornos a funcionarios que ejercen control en la zona portuaria de esta ciudad para que facilitaran la entrada ilegal de la mercancía. A su nombre tendría cerca de 200 predios producto del contrabando.
- Coronel en retiro Alexander Galeano Ardila. Al parecer, contactaba a oficiales activos para que, a cambio de dinero, garantizaran el éxito de la operación criminal de entrada y transporte de los cargamentos de contrabando.
- Mayor Mario Andrés Sarmiento. Es señalado como uno de los enlaces de la red ilegal con integrantes de la Policía Nacional que permitirían el tránsito de los tractocamiones a los destinos esperados.
- José Helí Álzate, alias Alejo o Pupilo. Sería el responsable de logística para el transporte de la mercancía desde los puertos de la Costa Atlántica a distintas ciudades del país.
Adicionalmente, en contra de otro de los posibles cabecillas de la organización, alias El Señor, se obtuvo notificación azul de Interpol para lograr su ubicación en Europa. Esta persona tendría rutas de contrabando desde China a Colombia y presuntamente articulaba con los demás integrantes de la red el traslado a las zonas de acopio.
Este resultado investigativo y judicial responde a los lineamientos establecidos por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de judicializar a los responsables de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y golpear sus finanzas criminales.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
