Quiero hacer una declaración pública a propósito de noticias que han sido difundidas en el día de hoy.

En primer lugar, quiero llamar la atención sobre el sentido de responsabilidad con que debemos actuar todos los colombianos en relación con el tema de la paz. Con la paz no se juega y los infundios que con propósito desconocido se pueden estar llevando a cabo deben ser objeto de una rectificación inmediata.

  1. No es cierto que haya una orden de detención con fines de extradición en contra del señor Iván Márquez. No la posee el Fiscal General de la Nación.
  2. No es cierto, como se dice en los territorios de consolidación, que por virtud de una orden de captura que habría librado la Fiscalía General de la Nación, el señor Márquez tuvo que salir del espacio territorial en que se encontraba y que supuestamente una hora después de su salida del espacio territorial habría llegado el Ejército Nacional a hacer efectiva esa orden de captura. No es cierto ni lo uno ni lo otro.
  3. Debo decir que tampoco es cierto que la Fiscalía haya levantado la suspensión de las órdenes de captura que habría solicitado en su momento el Gobierno Nacional en el marco de la Ley 418.

Hay que tener mucho cuidado porque hay miles de reinsertados que están hoy al lado de sus familias construyendo esperanza, futuro; hay miles de reinsertados que le están jugando lealmente a la paz, Y Colombia y su democracia tienen que recuperar la fe de esos reinsertados en el proceso de reconciliación.

Si por alguna razón algunos actores, algunas personas o algunos de los propios reinsertados están buscando pretextos para abandonar ese sueño de los colombianos que es la paz, que busquen un pretexto por fuera de la Fiscalía General de la Nación.

La situación jurídica de las personas por las cuales se indaga en estos momentos, de las 9 personas reincorporadas, la mayor parte de las cuales formó parte del viejo Secretariado de las Farc, de un lado, y por el otro, del Estado Mayor de ese movimiento insurgente, debe examinarse a la luz de 3 escenarios:

  1. Conforme a la Ley 418, si el Gobierno Nacional, de acuerdo con los dictados de la ley, tal como ha sido modificada esa ley, opta por solicitarle a la Fiscalía que se levante la suspensión de las órdenes de captura, la Fiscalía General de la Nación debería proceder de conformidad con esa solicitud. Sin embargo, el Gobierno Nacional no le ha solicitado el levantamiento de esa suspensión a la Fiscalía General de la Nación.
  2. Podría ocurrir -y esa es una hipótesis lejana, que desde este lugar el propio Fiscal quiere reclamar que no ocurra, que no se vaya a dar ese paso, que no se gire hacia el mundo de la ilegalidad- que estos reinsertados reincidan en el delito y violenten ese principio medular de la paz que es la no repetición. Si eso llegase a ocurrir, que reclamo con vehemencia en nombre de los millones de colombianos que no ocurra, por supuesto que con la misma entereza de Gustavo de Greiff, el Fiscal General de la Nación hará exigible el cumplimiento del orden y del imperio de la ley, porque los reincidentes están sometidos a la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de discusiones ni de conflictos de competencia con ninguna otra jurisdicción, porque el que la hace la paga, pero esa no es la regla de lo que hemos venido advirtiendo que se haya violentado esa frontera para llegar a la ilegalidad, por lo cual no hemos proferido ordenes de captura en este momento.
  3. Si como lo dice Naciones Unidas se ha incumplido el acuerdo de paz, procedería ante la Jurisdicción Especial de Paz, iniciar el incidente de incumplimiento de que habla la Ley 1922 de este año, y ese incidente lo podríamos promover la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público, las víctimas o de oficio la propia Jurisdicción Especial de Paz y declarar el incumplimiento por parte de los reinsertados con las consecuencias que establece la ley y la sentencia de la Corte Constitucional que habla de la pérdida de los beneficios para estos reincidentes, que incumplan el acuerdo de paz.

Sin embargo esa actuación judicial puede empezar a estar empañada porque tengo que  declararle al país que la Fiscalía tiene evidencias de que algunos funcionarios, unos, inescrupulosos estarían cocinando en este momento falsedades y fraudes procesales para que la Jurisdicción Especial de Paz no actúe como debe actuar cumpliendo con la Constitución y la Ley. Por esa razón,  hemos  abierto una indagación a cargo de un fiscal especial que deberá producir decisiones prontamente con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la Constitución y de la Ley en esa jurisdicción,  a partir de  acciones inenarrables pero de las cuales tenemos evidencias por parte de algunos funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Ese es el estado de cosas y de estos temas hay que hablar con claridad, con precisión y sin especulaciones

 

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Compartir