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En los procedimientos fueron intervenidos frentes de deforestación en el resguardo Nukak Makú y en parques naturales de Boyacá y Caquetá, entre otras acciones.
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El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer estos importantes resultados desde Norte de Santander, donde acordó acciones conjuntas con la fuerza pública para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
En visita a la región del Catatumbo (Norte de Santander), el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para conocer detalles y verificar los avances de la ‘Campaña Esparta’, que busca golpear la criminalidad organizada en el nororiente del país.
En el encuentro se definieron acciones para fortalecer el trabajo articulado. En ese sentido habrá fiscales itinerantes y labores investigativas focalizadas en lavado de activos, narcotráfico y delitos ambientales.
La afectación a los recursos naturales en esta zona es evidente. Durante su recorrido, el Fiscal General constató la pérdida de capa vegetal producto de los cultivos ilícitos y otros fenómenos ilegales, por lo que la zona hará parte de un plan de priorización. Precisamente, en los últimos dos días se puso en marcha una ofensiva contra la tala de bosque y la minería ilegal.
La Delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de manera conjunta con las fuerzas militares y la Policía Nacional, lograron la captura de 40 personas, en 6 operaciones realizadas en Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar. Los procedimientos realizados son:
- Golpe a red señalada de vender madera extraída de la Serranía las Quinchas
En Boyacá fue desarticulada una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para la explotación, transporte y comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. A esta organización le fueron capturadas 6 personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo.
Al parecer, la madera era extraída de la zona de reserva forestal y trasladada hasta fincas de algunos conocidos de la organización delincuencial. Luego, con licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el producto era movilizado y soportado como si fuera legalmente obtenido. Para obtener estos permisos, los supuestos integrantes de la estructura habrían ofrecido dádivas a funcionarios.
Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. En los procedimientos realizados por el CTI Seccional Boyacá y el Ejército Nacional se inmovilizaron 10 camiones que transportaban cerca de 1.400 bloques de madera.
- Deforestación resguardo indígena Nukak Makú
En San José del Guaviare, la Fiscalía logró la captura de 6 personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.
En tres predios distintos, conocidos como Varsovia, La Carolina y La Esperanza, habrían sido arrasadas cerca de 800 hectáreas de selva para levantar asentamientos y corrales para la cría de ganado, actividad prohibida en esta área de conservación ambiental. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos imputó a los detenidos el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Carlos René Reyes, el supuesto administrador de estos frentes pecuarios, fue cobijado con media de aseguramiento privativa de la liberad en su lugar de residencia. El juez de control de garantías dispuso la destrucción de las edificaciones, corrales y cualquier elemento que pueda alterar las condiciones de vida de la comunidad Nukak Makú.
- Cae uno de los señalados auspiciadores de la deforestación en Los Picachos
En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado Gildardo Toledo Villa, quien sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente, deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado.
En ese sentido, fue imputado por ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio. Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos, el procesado recibió medida de detención en un sitio distinto al inmueble que ocupaba en el parque natural. Adicionalmente, fue suspendido el registro sanitario, lo que le impedirá la explotación pecuaria.
- Minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño
17 personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas cuatro ciudadanos de Brasil, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas, sobre el río Nechí, en Caucasia (Antioquia).
Durante las diligencias fueron destruidos dos ‘dragones’, retroexcavadoras y otros elementos que superarían en valor los 6 mil millones de pesos. Este resultado representa un duro golpe a las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, que recibirían recursos de este entable de minería ilegal. Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías.
- Extracción de oro en el río Quito (Chocó)
En Unión Panamericana (Chocó), la Fiscalía, a través del CTI, las fuerzas militares y la Policía Nacional llegaron a un entable de minería ilegal justo en el momento en el que se vertía mercurio sobre una vertiente del río Quito, fuente hídrica de especial protección constitucional en Chocó.
En las diligencias se destruyó maquinaria avaluada en 600 millones de pesos y fueron capturadas dos personas, a quienes un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos les imputó explotación ilícita de yacimientos mineros y delitos conexos.
- Daño al río Cesar con minería ilegal
En Valledupar (Cesar), la Fiscalía intervino un enorme yacimiento de material de arrastre y de construcción que, sin licencia ambiental ni autorización alguna, explotaba indiscriminadamente cerca de 40 hectáreas. Este frente de minería ilegal estaría afectando al río Cesar, fuente hídrica que hace parte del ecosistema de la Serranía del Perijá.
Investigadores del CTI capturaron a 8 personas, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos les imputó los delitos de daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales En el lugar de la intervención se incautaron 3 retroexcavadoras, 6 volquetas y otros elementos, cuyo valor alcanza los 2.000 millones de pesos.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
JARG/DJR/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
