Fueron afectados 15 inmuebles ubicados en Ibagué (Tolima) y Barranquilla (Atlántico), avaluados preliminarmente en más de 2.800 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 12 inmuebles urbanos y 3 rurales que pertenecerían a un mayor en retiro de la Policía Nacional, que estaría implicado en actos de corrupción que permitieron el envío de clorhidrato de cocaína a Europa.
Los bienes afectados, representados en apartamentos, parqueaderos y lotes, están avaluados preliminarmente en 2.800 millones de pesos. Fueron ocupados en diligencias realizadas por la Dijin de la Policía Nacional en Ibagué (Tolima) y Barranquilla (Atlántico).
De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, los activos harían parte del patrimonio ilícito del exoficial, quien estuvo a cargo de los grupos de control y vigilancia en los puertos de la Costa Atlántica, y habría facilitado la salida de cargamentos de estupefacientes a diferentes destinos internacionales.
Por estos hechos fue vinculado a un proceso por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
Las propiedades afectadas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
JPP/JARG/JIC/ALT/DFC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.