Fueron afectados 4 predios y 13 vehículos avaluados en más de 4.700 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 17 bienes que habrían sido utilizados para obtener de manera ilegal material de construcción en un área forestal de Galapa (Atlántico), y de realizar el traslado, transporte y comercialización de esos materiales extraídos.
Se trata de cuatro predios, volquetas y maquinaria amarilla, que ascenderían en valor a 4.714 millones de pesos.
Estas propiedades fueron identificadas luego de un proceso penal dirigido por la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y la Seccional Atlántico, el cual permitió establecer que estaban al servicio de un grupo de personas que obtenía arena, gravilla y otros elementos en un predio denominado El Socorro, sin los permisos ley y generado una grave afectación a los recursos naturales.
En el curso de la investigación se constató la remoción de la capa vegetal, alteraciones al uso del suelo, deterioro de los ecosistemas y el uso de maquinaria pesada para sustraer el material de arrastre. Por estos hechos, fueron judicializados cuatro de los presuntos involucrados en la actividad ilegal, en junio de 2024.
Los bienes ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
MRC/JARG/LELA/JICG/DEEDD/ALTR/DEFC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
