Se trata de ocho inmuebles valorados preliminarmente en más de 11.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre ocho inmuebles que estarían al servicio de redes delictivas dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y a la venta de estupefacientes al menudeo en el centro de Medellín (Antioquia).
Las propiedades, avaluadas en más de 11.000 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas con apoyo de la Policía Nacional en la comuna 10 (La Candelaria). Se trata de hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos en los que los menores de edad eran inducidos a ejercer actividades de tipo sexual, o los destinaban para acopiar, dosificar o abastecer de sustancias ilícitas a los expendedores.
Los elementos de prueba indican que los propietarios habrían omitido su deber de custodia y control sobre los predios, y permitieron que fueran utilizados para diversas actividades ilegales, y atentar contra la formación e integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.
En el curso de la investigación se constató que varios de los inmuebles han sido afectados con medidas administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín, y están vinculados a diferentes procesos penales.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los inmuebles.
Esta información se publica por razones de interés general.
JPP/JARG/JICG/DEEDD/ALTR/DEFC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
