Las propiedades afectadas pertenecerían a uno de los presuntos integrantes de la red delincuencial conocida como ‘Los Prestamistas’.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a dos inmuebles que pertenecerían a Andy Uverley Montoya, presunto integrante de una organización delincuencial conocida como ‘Los Prestamistas’, señalada de hacer préstamos con intereses desbordados a personas vulnerables.

Los inmuebles, avaluados en $350’000.000, habrían sido adquiridos con los dineros que este hombre, supuestamente, recibió por los denominados préstamos ‘gota a gota’. Por esta conducta ilícita el investigado fue judicializado en agosto de 2020 por los delitos de: concierto para delinquir, constreñimiento ilegal y usura.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en Popayán (Cauca).

Las evidencias dan cuenta de que ‘Los Prestamistas’ tendrían nexos con la estructura criminal ‘La Constru’ y extendían su actuar ilícito a otros departamentos del suroccidente del país, como Valle del Cauca, Cauca y Popayán. Al parecer, los recursos ilícitos que movían y prestaban serían producto de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/JARG/PSY/MCRC/

 La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.