Se trata de 45 propiedades ubicadas en municipios de Santander, Boyacá, Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca.
Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Domino impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 inmuebles rurales y 5 urbanos, 5 vehículos y 3 sociedades, que harían parte del patrimonio ilícito de Andrés Mauricio Vélez Hernández, un ciudadano colombiano extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.
Las propiedades afectadas fueron ocupadas en diligencias realizadas por el CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, en Rionegro (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), Albania y Curillo (Caquetá), Pereira (Risaralda) y Cali (Valle del Cauca).
Los cálculos preliminares dan cuenta de que los 45 activos ascenderían en valor a 70.000 millones de pesos. Al parecer, fueron adquiridos a través de tres sociedades dedicadas al comercio agrícola, que fueron constituidas en apenas 20 días, entre el 22 noviembre y el 12 de diciembre de 2018, con millonarios capitales.
En el curso de la investigación se acreditó que estas empresas realizaron en una semana varias ventas simuladas de bienes, para intentar ocultar su origen ilícito y evadir los controles y el rastreo de las autoridades.
Andrés Mauricio Vélez Hernández fue condenado por el Tribunal del Distrito Sur de Florida División de Miami, el 21 de septiembre de 2021, por el delito de concierto para distribuir cocaína sabiendo que sería importada a los Estados Unidos.
Las propiedades afectadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/NMD/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
