Entre los bienes afectados está una comercializadora de pintura que habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad al desvío ilegal de los precursores.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones delictivas, la criminalidad organizada y los grupos narcotraficantes; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 34 bienes que pertenecerían a los integrantes de una red señalada de transportar sustancias químicas controladas.
Se trata de 11 establecimientos de comercio, 17 vehículos, 5 inmuebles rurales y 1 sociedad, avaluados en cerca de 3.400 millones de pesos. Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Medellín y Girardota (Antioquia), Barrancabermeja (Santander), Pasto y Samaniego (Nariño), Soacha (Cundinamarca) y Bogotá.
Las investigaciones indican que los propietarios de estos activos serían los responsables de mover ilegalmente ácido sulfúrico, amoniaco, permanganato y cloruro de calcio, entre otros precursores usados para el procesamiento de estupefacientes. Los traslados, al parecer, eran soportados o se les daba apariencia de legalidad, a través de un comercializadora de pinturas.
Por estos hechos han sido capturadas y judicializadas 16 personas. Además, en distintas operaciones de control ejecutadas por la Policía Nacional, en coordinación con las agencias internacionales, se han incautado diferentes cantidades de insumos.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
