Las propiedades afectadas están ubicadas en el centro, norte y sur de Bogotá, y en Soacha (Cundinamarca).
Fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 16 inmuebles urbanos y 1 establecimiento de comercio que estarían al servicio de organizaciones delincuenciales vinculadas a la falsificación y comercialización de licor.
Los bienes, que superarían en valor los 5.000 millones de pesos, están ubicados en las localidades de Los Mártires, Usaquén, Barrios Unidos, Kennedy y San Cristóbal, en Bogotá; y en Soacha (Cundinamarca).
Las investigaciones dan cuenta de que algunas de las propiedades serían utilizadas para la elaboración ilegal de bebidas embriagantes, por lo que en procedimientos anteriores se encontraron botellas, sellos de seguridad, tapas, estampillas y etiquetas. Otras habrían sido destinadas para almacenar la producción y licita, o serían viviendas en las que funcionaban tiendas que venderían aguardiente, whisky y ron, entre otros licores falsos.
En el curso de la investigación las autoridades encontraron en un predio de Soacha estupefacientes y armas de fuego. Al parecer, los responsables de la actividad delictiva intimidaban a los residentes del sector para que no denunciaran lo que sucedía en el inmueble.
Este resultado responde al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de impactar el patrimonio de las estructuras que más afectan la seguridad ciudadana.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
