Las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto del cobro de extorsiones, el tráfico de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas perpetradas en Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 55 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización delincuencial ‘Los Chatas’, que tiene injerencia en Medellín y varios municipios de su área metropolitana.
Se trata de apartamentos, casas, fincas y establecimientos de comercio ubicados en Bello, Dabeiba y Guarne (Antioquia), los cuales habrían sido adquiridos con los dineros ilegales obtenidos por el cobro de extorsiones, la venta de estupefacientes al menudeo y la ejecución de homicidios selectivos.
Varios de los predios afectados estarían a nombre de posibles testaferros de Wilmar Alexander Palacio Aguirre, alias Peluca, quien sería uno de los articuladores principales de la producción y comercialización del 2CB o cocaína rosada en Bello, por lo que era considerado como ‘El rey del tusi’.
En septiembre del año en curso, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Palacio Aguirre el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, extorsión, tráfico de armas de fuego y desplazamiento forzado. Desde entonces permanece privado de la libertad en centro carcelario.
Los bienes, avaluados en cerca de 18.500 millones de pesos, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LPDS/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
