Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 3.300 millones de pesos, que pertenecerían a integrantes de una misma familia.
La Fiscalía General de la Nación identificó el patrimonio ilegal que habrían constituido cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una estructura narcotraficante señalada de transportar cocaína camuflada en vehículos de carga desde Huila y Caquetá hacia las denominadas plazas de vicio de Bogotá.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 4 inmuebles urbanos y 2 rurales, y 15 vehículos que presuntamente fueron destinados para el acopio de las sustancias ilícitas y adquiridos con dineros producto del traslado de estupefacientes.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 3.300 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas por el CTI y el Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos (GRAI) en Florencia y Montañita (Caquetá), y Pitalito (Huila).
Los elementos de prueba indican que la organización impactada estaría conformada por Milady Rojas Gutiérrez; los hermanos José Liovis, Álvaro Fabio y Jorge Eliecer Barragán Murcia; y Yecid Barragán Rojas.
En el curso de la investigación, José Liovis Barragán Murcia fue capturado en situación de flagrancia en enero de 2021, en un retén militar ubicado entre Florencia y Morelia (Caquetá). Esta persona se movilizaba en un vehículo en el que iban ocultos 34 paquetes de clorhidrato de cocaína.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar los bienes afectados con fines de extinción de dominio.
Esta información se pública por razones de interés general.
MAGA/JARG/JIC/DEEDD/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
