Bienes avaluados en más de 27.900 millones de pesos fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.
En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar las finanzas de las organizaciones delincuenciales; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 23 bienes que pertenecerían a redes dedicadas a la falsificación de libros.
Se trata de 16 inmuebles urbanos y 7 establecimientos de comercio ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal en el centro y sur de Bogotá.
Las propiedades, avaluadas en más de 27.911 millones de pesos, estaban destinadas a la elaboración, almacenamiento y venta de diferentes obras literarias y títulos, entre otras actividades ilícitas relacionadas con la usurpación del derecho de propiedad industrial y violación de los derechos patrimoniales de autor.
En diligencias previas a los procedimientos de extinción del derecho de dominio fueron incautados en estos inmuebles varios libros falsos, impresoras, carátulas, discos duros y torres de cómputo, entre otros elementos utilizados para realizar réplicas no autorizadas.
Con estas acciones la Fiscalía impacta a las estructuras que generan pérdidas al gremio de editores, distribuidores y libreros.
Los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CSR/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
