El trabajo articulado entre la Fiscalía General y la Sijin de la Policía Nacional permitió que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusiera medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 15 bienes entre inmuebles y sociedades de comercio.

Dichos bienes harían parte del patrimonio ilícito de la banda delincuencial ‘Los Pinares’, uno de los principales aliados criminales de la organización narcotraficante conocida como ‘La Oficina’.

Las propiedades, avaluadas en cerca de 1.800 millones de pesos, están ubicadas en El Retiro (Antioquia). Las labores de policía judicial evidenciaron que, al parecer, fueron adquiridas con dineros producto del tráfico de estupefacientes, o utilizadas por sus ocupantes y dueños para el almacenamiento, transporte y venta de las sustancias ilícitas, con lo cual habrían incurrido en una destinación ilícita de los bienes.

Según la investigación, la actividad ilegal, supuestamente, era coordinada por alias Tulumino, quien tenía injerencia ilegal en los municipios de El Retiro y La Ceja (Antioquia).

Estas acciones se cumplieron en el marco de una operación simultánea cumplida entre fiscales de extinción del derecho de dominio y de antinarcóticos.

En total fueron adelantadas 26 diligencias de allanamiento y registro las que permitieron que 22 personas fueran capturadas por, presuntamente, estar vinculadas con el tráfico de sustancias ilegales en los mencionados sectores.

Los bienes afectados, representados en inmuebles, muebles y establecimientos de comercio, fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

La Fiscalía habla con resultados                                        

MAGA/JARG/LD/LAB/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.