Se trata de nueve propiedades ubicadas en Bogotá, y municipios de Norte de Santander y Cundinamarca, que superaría en valor los 1.200 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación ubicó bienes que harían parte del patrimonio ilícito constituido por una red narcotraficante, que presuntamente estuvo al servicio de Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo, el extinto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pelusos’.

Las propiedades afectadas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las labores investigativas dan cuenta de nueve propiedades, representadas en un apartamento, un parqueadero, una casa, dos fincas, dos sociedades y dos vehículos, que habrían sido adquiridos con recursos provenientes del envío de cocaína a destinos internacionales, entre 2003 y 2011.

Los inmuebles, avaluados preliminarmente en 1.200 millones de pesos, estarían a nombre de tres de los señalados articuladores de la organización criminal, quienes serían los encargados de coordinar la salida de los cargamentos de estupefacientes desde Colombia hacia Panamá y República Dominicana, rumbo a Estados Unidos.

Ante las evidencias del origen ilícito de los bienes, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio les impuso medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo y secuestro, las cuales fueron materializadas por personal de la Dijin de la Policía Nacional en diligencias realizadas en Bogotá, y en municipios de Norte de Santander y Cundinamarca.

Las propiedades afectadas quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta información se publica por razones de interés general.

JPP/JARG/JICG/DFC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.