Los lubricantes fueron encontrados en siete diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín y otros municipios de Antioquia.
La Fiscalía General de la Nación identificó varios inmuebles que estarían siendo utilizados como centros de falsificación y acopio de aceites para motores a gasolina, diésel y gas, que posteriormente eran rotulados y vendidos como lubricantes de reconocidas marcas industriales y automotrices.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizaron siete diligencias de registro y allanamientos en bodegas y establecimientos de comercio ubicados en Medellín, Itagüí y Rionegro (Antioquia).
En los procedimientos fueron incautadas 40 toneladas de mercancía, representadas en 5.414 unidades de lubricantes; además de 11 equipos de comunicaciones, tres computadores y documentación contable.
Las investigaciones, lideradas por una fiscal del Eje Temático de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, dan cuenta de que en estos lugares eran reutilizados aceites quemados y en pésimo estado, rendidos con otros de menor calidad o mezclados con sustancias líquidas que alteraban la viscosidad. De igual manera, se diseñaban las tapas, etiquetas, sellos de seguridad y cajas de empaque para darles una apariencia de autenticidad.
De esta manera, los productos fraudulentos eran distribuidos desde Antioquia a diferentes ciudades del país.
Las diligencias y los elementos incautados recibieron aval de un juez de control de garantías. Las investigaciones continuarán por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, y alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida.
LAGP/JARG/HOS/DECVDH/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
