• En el periodo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se puso en marcha una estrategia de descongestión para avanzar en el esclarecimiento de magnicidios y otras acciones violentas que amenazaban con quedar en la impunidad.

  • De igual manera, fueron resueltos hechos de connotación como los homicidios de la ambientalista Juana Perea, del líder universitario Lucas Villa, la psicóloga Adriana Pinzón, el estudiante de derecho Javier Ordoñez, entre otros.

La Fiscalía General de la Nación cumplió su compromiso con la verdad y las víctimas, y resolvió los hechos por graves violaciones a los derechos humanos que conmocionaron al país durante los últimos cuatro años.

En atención a los parámetros definidos por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se puso en marcha una metodología de análisis en contexto y uso de herramientas propias de las ciencias sociales para lograr la asociación de casos y dar con los máximos responsables de crímenes de connotación.

En ese sentido, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos realizó 1.711 imputaciones, obtuvo 354 condenas y suscribió 521 preacuerdos.

Sobresalen esclarecimientos como el asesinato de la ambientalista colombo – española Juana María Perea Plata, perpetrado el 29 de octubre de 2020, en Nuquí (Chocó); el crimen del estudiante de derecho Javier Ordoñez Bermúdez, sucedido el 9 de septiembre de 2020, ocurrido en Bogotá; el homicidio y desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos, el 7 de junio, en Zipaquirá (Cundinamarca); y la muerte del líder universitario Lucas Villa Vásquez, ocurrida en mayo de 2021, en Pereira (Risaralda).

De igual manera, se avanzó en la judicialización de integrantes de la fuerza pública que estarían involucrados en excesos y extralimitaciones de funciones durante las jornadas de protestas en Cali (Valle del Cauca), entre mayo y julio de 2021; y se solicitó audiencia de imputación en contra de 25 integrantes del Ejército Nacional por los hechos sucedido el 28 de marzo de 2022, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), en los que 11 personas murieron y 5 más resultaron heridas.

De otra parte, se implementó una estrategia para impulsar las investigaciones por magnicidios y otros casos de vulneraciones a los derechos humanos ocurridos hace años, que se siguen por Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal) y registraban poco avance. Entre 2020 y 2023, fueron descongestionados los despachos a cargo de estos procesos y se bajó la carga de 17.005 expedientes a 12.000, es decir, fueron evacuados algo más de 5.000 hechos, una cifra sin precedentes en la historia de la entidad.

Lucha contra las nuevas expresiones criminales

Ante nuevas amenazas y expresiones delictivas en contra de la dignidad humana, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso la creación de grupos especializados para investigar el tráfico de migrantes, la trata de personas y las amenazas.

Los resultados obtenidos en estos frentes han sido destacados. En tráfico de migrantes han sido impactadas 11 estructuras criminales, con la captura y judicialización de 62 de sus integrantes. Aquí se destacan casos como:

  • Afectación a una red delictiva que usaba como fachada agencias de viajes y paquetes turísticos a México para mover irregularmente personas a Estados Unidos, a través de un trayecto que denominaban ‘Ruta de Oro’.
  • Desarticulación de ‘Los Hunters’, una estructura señalada de obtener documentos falsos para tramitar visas y de movilizar de manera irregular a ciudadanos nacionales y extranjeros que pretendían ingresar a territorio estadounidense.
  • Captura y judicialización de 24 presuntos integrantes de ‘La Agencia’, una organización ilegal, de la que harían parte cinco funcionarios de la Armada Nacional, que gestionaba la salida irregular de migrantes rumbo a Australia, Canadá y Estados Unidos, mediante diferentes maniobras ilícitas.

En trata de personas han sido afectadas 9 redes delincuenciales, con 40 capturas. Algunos resultados de alta relevancia son:

  • Judicialización de dos mujeres y un hombre que estarían involucrados en la captación de jóvenes para la explotación sexual con fines comerciales en Bari (Italia).
  • Desarticulación de ‘clan familiar’ que sería responsable de captar jóvenes en Manizales (Caldas); y, con falsas expectativas laborales, las convencían de viajar a Chile para someterlas a tratos inhumanos y explotarlas sexualmente
  • Captura y judicialización de los presuntos enlaces en Colombia de una red trasnacional de trata de personas a la que se le atribuye la explotación sexual de jóvenes en Francia. Entre los detenidos hay funcionarios y exfuncionarios de la Policía Nacional.
  • Afectación a estructura señalada de captar a adolescentes y mujeres que, en medio de tratos crueles e inhumanos, eran inducidas a realizar actividades sexuales con integrantes de las disidencias de las Farc en Tumaco (Nariño).

Estos logros obtenidos por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos en tráfico de migrantes y trata de personas corresponden al trabajo realizado desde la conformación de un equipo especializado en estas dos temáticas, en marzo de 2022.

Finalmente, la Fiscalía alcanzó avances significativos en la investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos; líderes e integrantes de organizaciones sociales, políticas y comunales; y periodistas. En dos años de actividades, el Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas facilitó el esclarecimiento de 188 casos de amenazas, logró 10 principios de oportunidad, realizó 57 imputaciones y llevó a juicio a los responsable de 33 hechos conocidos.

Aquí sobresale la condena de nueve años de prisión contra Jesús Mario Corrales, representante de una asociación de víctimas e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas de Valle del Cauca, que diseñó y difundió dos panfletos con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país y defensores de derechos humanos, entre ellos, él mismo.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

JARG/HATP/DECVDH.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.