Las víctimas son cuatro integrantes de la Policía Nacional y dos infantes de marina, que fueron atacados con armas de fuego.
Ante las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Cristian Camilo Valenzuela Zapata, alias Pollo; y Samir Leonardo Ramírez Torres, alias El Negro, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el asesinato de seis integrantes de la fuerza pública en Meta y Caquetá, entre septiembre de 2021 y enero de 2022.
Un juez penal especializado de Florencia (Caquetá) avaló la negociación judicial y condenó a los dos integrantes de la estructura Jorge Briceño de las disidencias de las Farc a 34 años y 7 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.
El primer caso que motivó la sentencia ocurrió el 16 de septiembre de 2021, en San Vicente del Caguán (Caquetá). Los patrulleros de la Policía Nacional Víctor Alfonso Rojas Vargas y Kevin Esteban Guevara Barrios fueron atacados con armas de fuego, mientras realizaban labores de control.
Posteriormente, el 9 de diciembre de 2021, ‘Pollo’ y ‘Negro’ dispararon desde una motocicleta en contra de un grupo de la Armada Nacional, en zona rural de Cartagena del Chairá (Caquetá). Los infantes de marina John Flores Jaramillo y Jheison Alberto Núñez Moreno murieron; mientras que otro uniformado quedó gravemente herido.
Finalmente, el 11 de enero de 2022, los hoy sentenciados les causaron la muerte con armas de fuego a los patrulleros de la Policía Nacional José Edinson Rivera Garrido y Hermes Alberto Mora Guevara, en Lejanías (Meta).
Esta información se pública por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
