Un juez con función de control de garantías de Mocoa (Putumayo) cobijó con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad a tres hombres a quienes la Fiscalía imputó como presuntos responsables del delito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Los implicados fueron capturados en flagrancia en los municipios de Valle del Guamuez, Orito y Villagarzón (Putumayo).
En el primer caso la Policía Nacional aprehendió a Yordan Andrés Claros Taticuán en el barrio San Francisco en Valle del Guamuez. Esta persona se movilizaba con 30 metros cúbicos de madera de balso en listones, para lo cual no contaba con el permiso respectivo.
La segunda captura se produjo en medio de labores de vigilancia. Uniformados de la Policía Nacional realizaron un registro a un camión conducido por William Armando Portilla Estupiñán. En el vehículo fueron encontrados 11.91 metros cúbicos de madera que era transportada sin los permisos respectivos. Esta detención se registró en el barrio La Gitana de Orito (Putumayo).
La tercera captura se produjo en el corregimiento de Puerto Umbría de Villagarzón. En este lugar las autoridades detuvieron a Germán Alejandro Palacios Mavisoy cuando, al parecer, conducía un camión en el que eran transportados 33 metros cúbicos de madera de balso sin salvoconducto de movilización.
Las acciones de la Fiscalía se dan en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad resguardar los derechos al medio ambiente.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/GRM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.