La Fiscalía evidenció que los terrenos entregados por el Estado a una comunidad de Buenaventura, para beneficio de sus integrantes, presuntamente eran explotados y vendidos ilícitamente.
El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional puso en evidencia actividades de loteo y deforestación, en el corazón de un área de especial protección en el Pacífico colombiano y amparada con medidas cautelares para salvaguardar los recursos naturales y las comunidades que la habitan.
En el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda La Esperanza, en Buenaventura (Valle del Cauca), se constató la pérdida de 124 hectáreas de bosque. Los elementos de prueba dan cuenta de que el terreno, entregado por el Estado para el beneficio de comunidades nativas, presuntamente era explotado y comercializado ilícitamente por algunos integrantes y directivos de la misma organización.
Al parecer, se conformó una estructura ilegal que se dedicó a vender porciones del territorio colectivo a personas foráneas para la construcción de casas recreativas y de descanso. Finalidad que prohíbe la ley y se habría auspiciado sin aval de los pobladores más antiguos que han tenido arraigo permanente en la zona.
En ese sentido, por cifras que podrían ascender a los 20’000.000, supuestamente, se arrasaba con la reserva forestal y se permitía el avance de los proyectos urbanísticos.
Adicionalmente, la Fiscalía obtuvo elementos que dan cuenta de que la misma red ilícita talaba árboles en el área del Consejo Comunitario y transportaba la madera para su comercialización en Buenaventura y Cali (Valle del Cauca).
Por estos hechos, siete personas fueron capturadas y judicializadas. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de: concierto para delinquir, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y explotación de yacimientos mineros.
Por disposición del juez de control de garantías, los procesados recibieron diferentes medidas no privativas de la libertad y seguirán vinculados a la investigación. Los afectados con la decisión que hacen parte del Consejo Comunitario son:
- Javier Gamboa Rodríguez, coordinador de la junta directiva del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de la vereda La Esperanza.
- Robinson Suárez, representante legal del Consejo Comunitario.
- Milton Salcedo, vicepresidente del Consejo Comunitario.
- Corpolino Rodallega, señalado de articular la tala de bosque.
- Ricardo Angulo y Eduardo Angulo serían los responsables de preparar los terrenos.
- Heriberto Riascos Román, presunto coordinador de tierras.
Este resultado hace parte de los lineamientos definidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 de la Fiscalía, que contempla la priorización de los casos relacionados con daños y afectaciones a los recursos naturales.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
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