Los elementos de prueba dan cuenta de que los funcionarios, al parecer, también permitían el paso de maquinaria pesada y sustancias tóxicas hacia los ríos Quito y Atrato.
La Fiscalía General de la Nación identificó presuntos hechos de corrupción que estarían obstruyendo el desarrollo de las operaciones contra la minería ilegal en Chocó.
En una acción articulada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, con su policía judicial CTI, y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fueron capturados tres uniformados señalados de entregar información sobre los procedimientos programados contra los entables mineros que deterioran el Río Atrato y el Río Quito, dos afluentes hídricos sujetos de especial protección constitucional.
Por esta actuación ilícita, los funcionarios supuestamente recibían oro y dinero.
Los detenidos son: intendente William Reyes Buitrago, subintendente Dany Alfredo Popo Aragón, y patrullero Edwin Mena Palacios. En las diligencias también fue capturado un particular, identificado como Cristian Gerardo Ríos Castillo, quien sería una de las personas que recibía detalles de los operativos y alertaba a las redes de minería ilegal de la región.
De acuerdo con los elementos de prueba, Reyes Buitrago y Popo Aragón, asignados a un puesto de control vial entre Quibdó e Istmina, también habrían permitido el paso de maquinaria pesada, piezas para ensamblar dragas y sustancias tóxicas y contaminantes hacia las zonas de extracción ilegal.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales ambientales. Además, a los policías les formuló cargos por cohecho propio; y al particular, por cohecho por dar y ofrecer.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
JARG/DECVDH/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
