Seis personas fueron judicializadas por su presunta responsabilidad en la obtención ilegal de madera en Cimitarra (Santander) y la posterior comercialización al centro y norte del país.
La Fiscalía General de la Nación identificó a un entrado ilegal que sería el responsable de la destrucción de varias hectáreas de bosque nativo en un área de especial importancia ecológica en el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, en Cimitarra (Santander).
Un grupo de personas se habría articulado para auspiciar la tala indiscriminada de especies protegidas como mócoro, ceiba, cedro, escobón, entre otras; disponer de la madera y trasladarla a centros de acopio; comercializarla a Bogotá, el Eje Cafetero y departamentos del norte del país como La Guajira; y coordinar su traslado por vía terrestre con salvoconductos falsos para evadir los controles de las autoridades.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó ante una juez de control de garantías a seis de los presuntos involucrados en estas actividades ilegales. Se trata de Serbio Tulio Guarín Vega, Iván y Brayan Medina Bonilla, Genaro Castellanos Ruiz, Jorge Luis Flórez Guevara y Raúl Rincón Giraldo.
Estos hombres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Cuatro de los procesados manifestaron su intención de suscribir preacuerdos con la Fiscalía y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
Los otros dos investigados aceptaron el cargo de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.
LKSC/JARG/AMGA/DEMA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
