Cuatro personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas el administrador del complejo minero que invadía un área de explotación autorizada, que estaba a cargo de una multinacional extranjera.

La Fiscalía General de la Nación, en una acción investigativa articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, identificó un frente ilegal de extracción de oro en el que se utilizaban de manera indiscriminada explosivos y sustancias t ,óxicas, e invadía una zona rural en Buriticá (Antioquia) sobre la cual una empresa internacional tenía permiso para ejercer actividades mineras.

En el lugar fueron capturadas cuatro personas en situación de flagrancia. Se trata de Luis Antonio Ortiz Ortiz, el señalado administrador del punto que funcionaba en la modalidad de socavón; y Daniel Andrés Díaz Hernández, Jeison Manuel López Feria y Julio César Acosta Lora, quienes cumplirían el rol de guardias y escoltas armados encargados de cuidar la operación ilícita.

Durante el procedimiento fueron encontradas 102 barras de explosivos tipo anfo y 774 barras de indugel que eran utilizadas para remover tierra de manera antitécnica, generando graves daños en el suelo y la capa vegetal; 1.000 gramos de mercurio, sustancia utilizada para amalgamar el oro, y tres armas de fuego.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

LKSC/JARG/ELO/DEMA

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004