Estarían entregando dádivas a funcionarios públicos y utilizando irregularmente licencias y salvoconductos concedidos para explotar y transporte de madera en zonas permitidas para esta actividad.
La Seccional Boyacá de la Fiscalía en desarrolló de la operación Artemisa atacó los principales eslabones de la cadena de explotación ilícita de recursos naturales que recurrían a obtención de madera en el Parque Natural Regional Serranía las Quinchas, ubicado en los departamentos de Boyacá, Santander y Cundinamarca.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de integrantes de la Primera Brigada del Ejército Nacional fue el encargado de capturar a seis personas en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca
Se trata de Francisco Pinilla Virgüez, Édgar Diomedes Abril Castellanos, Benjamín Murcia Rodríguez, Fredy Alexander Barreto, Abel de Jesús castellanos y José Isaías parra Rodríguez, quienes ocuparían un rol determinante dentro de la organización. Todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por ser considerados un peligro para la sociedad.
El fiscal del caso imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento a los recursos naturales. Los 10 vehículos en los que eran transportados cerca de 1.400 bloques de madera fueron incautados y se les aplicará el proceso administrativo de extinción del derecho de dominio.
La investigación
En octubre de 2019 la Fiscalía en Tunja conoció sobre la posible existencia de un cartel dedicado al ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, afectando gravemente el Parque Natural Regional Serranía las Quinchas y su área circúndate. De inmediato, se creó un grupo especial de investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con sede en Tunja.
En la investigación se determinó que los implicados, al parecer, pagaban dádivas a servidores públicos para permitir el transporte y comercialización ilícita de madera extraída ilícitamente del parque natural, para lo cual utilizaban campaneros y salvoconductos sin el lleno de los requisitos legales.
Las acciones cumplidas por el CTI de la Fiscalía se lograron gracias al desarrollo a las labores de policía judicial como interceptación de comunicaciones y la ubicación de un agente encubierto del Ejército Nacional. Esto permitió el recaudo de material probatorio suficiente para vincular a los seis capturados con el llamado ‘Cartel de la madera’.
Así operaban
Para transportar la madera por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima los procesados usaban licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) a fincas de propiedad de familiares de los presuntos integrantes del ‘Cartel de la madera’.
Una vez otorgada la licencia para el aprovechamiento de madera adquirían la madera nativa talada en Pauna, Briceño, San pablo de Borbur, Tununguá y el Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, la transportan hacia las fincas que sí tenían la licencia. Así, buscaban darle apariencia de legalidad a los procedimientos y desde estos lugares tramitaban los salvoconductos.
A lo largo de la investigación se pudo determinar que la madera trasportada no era la misma autorizada en el salvoconducto, ni en las licencias de aprovechamiento, luego era comercializada en su gran mayoría en bodegas de Bogotá D.C. También se constató cómo los imputados comercializaban la madera extraída de zonas de la reserva natural, al punto de ser considerados como responsables de la tala de árboles en el Parque Natural Regional Serranía las Quinchas en, al menos, 353 hectáreas.
La Fiscalía General habla con resultados.
MRB/MAGA/JT
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
