La Fiscalía logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una estructura disidente del denominado bloque Alfonso Cano, que delinque en Tumaco (Nariño). Entre los procesados hay un extranjero. 

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó ante un juez penal municipal ambulante de Pasto (Nariño) a cinco presuntos integrantes de una estructura armada de los grupos disidentes que delinquen en el Pacífico colombiano.

Estas personas fueron capturadas en diligencias de control realizadas por tropas del Ejército Nacional en la vereda La María del corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño). De acuerdo con la información obtenida, estaban reunidas en inmediaciones del río Guisa con armas y otros elementos.

En el procedimiento les fueron incautados 6 fusiles, 1 pistola, proveedores, granadas de mano, cerca de 3.000 cartuchos de diferentes calibres, chalecos multipropósito, prendas oficiales usadas por la fuerza pública y brazaletes que hacen alusión a esta organización criminal.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas

Armadas. Por disposición del juez de control de garantías, los cinco procesados, entre ellos un ciudadano extranjero, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los afectados con la decisión son:

  • Guido Hernán Delgado Delgado.
  • José Alfredo Lugo Alejos, de nacionalidad venezolana.
  • José Luis Losada Esquivel.
  • Raumier Velásquez Mina.
  • Andrés Rodríguez Valencia.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

JARG/JEGT.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.