Alias Rubiel sería el encargado de controlar la salida de estupefacientes y el tráfico de armas en la frontera con Venezuela.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rubén Darío Gutiérrez Gutiérrez, alias Rubiel, señalado cabecilla del grupo armado Los Puntilleros, y quien sería el encargado de controlar la salida de estupefacientes desde Puerto Carreño (Vichada) hacia Puerto Ayacucho (Venezuela).
Este hombre habría ingresado hace 8 años a esta organización ilegal. El material de prueba lo responsabiliza de manejar un corredor ilícito para mover cocaína y marihuana, y coordinar el paso de armas de fuego en zona de frontera.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias Rubiel los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Gutiérrez Gutiérrez fue capturado en una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en San José del Guaviare (Guaviare).
Esta acción investigativa responde a la estrategia diferencial definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para bloquear los corredores ilícitos usados por las estructuras criminales para el tránsito de estupefacientes, insumos y armas.
La Fiscalía pública esta información por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
