Cinco supuestos integrantes de esta estructura fueron enviados a la cárcel.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de la subestructura Luis Fernando Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’, quienes estarían involucrados en homicidios y otras actividades criminales en Achí, San Jacinto del Cauca, Montecristo y Tiquisio (Bolívar).
Durante las audiencias concentradas la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado; y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Entre los afectados con la decisión está Fredis Alonso Gutiérrez Velásquez, alias Samuel o Marcos, señalado cabecilla urbano y jefe de una red sicarial a la que se le atribuye varios homicidios por el control de las rutas del narcotráfico. Los demás investigados son:
- Edilberto Antonio Moreno Arrieta, alias Tony el Caletero. Sería el encargado de conseguir y ocultar las armas de los integrantes de la subestructura.
- Yeison Torres Julio, alias Ferney.
- William Andrés Maldonado Hinestroza, alias Monito Carpintero.
- Daniel Enrique Berrío Rosario, alias Chino.
Estos hombres fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional en María La Baja (Bolívar). En los procedimientos se les incautó dos armas de fuego y cerca de 100 cartuchos de diferentes calibres.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
