Se trata de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, quien estaría a cargo de las acciones armadas y financieras en el nordeste antioqueño.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del ‘Clan del Golfo’, que estaría implicado en intimidaciones a la población civil de San Roque y Maceo (Antioquia) para imponer las directrices del grupo armado ilegal.
De acuerdo con la investigación, este hombre presuntamente intervenía indebidamente en los conflictos comunitarios, fijaba restricciones, prohibiciones y multas a los involucrados en medio de amenazas, y de esta manera obtenía recursos para la organización criminal.
Adicionalmente, sería el responsable de promover desplazamientos forzados y auspiciar el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y ciudadanos en general para permitirles desarrollar sus actividades económicas en el nordeste antioqueño.
Por estos hechos, fue capturado en una acción articulada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en el corregimiento de San José del Nus, en San Roque. Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, cargo que no fue aceptado.
Rivera Agudelo permanecerá privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
