Tres personas fueron capturadas y judicializadas. Serían los propietarios y administradores de tres estaciones de servicio que movían volúmenes de gasolina y ACPM por encima de los promedios de Cali o Popayán.
El rastreo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación a las actividades ilícitas y a los principales colaboradores de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que tiene injerencia en Valle del Cauca y Cauca, puso al descubierto a una red señalada de abastecer al grupo armado ilegal de combustible a gran escala.
En diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera articulada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, en Cali (Valle del Cauca), Popayán y Morales (Cauca), fueron capturados dos hombres y una mujer. Serían los propietarios y administradores de tres estaciones de servicio utilizadas para obtener y desviar hidrocarburos para el procesamiento de estupefacientes, ejercer actividades de extracción ilegal de minerales y garantizar el funcionamiento de los vehículos y motocicletas utilizados por cabecillas y demás integrantes de la Jaime Martínez.
En los procedimientos fueron incautados 150 millones de pesos en efectivo, un camión cisterna, un campero, un arma de fuego, 4 computadores portátiles, 12 celulares, 12 memorias de almacenamiento digital, una tarjeta de circuito electrónico de surtidor de combustible y abundante documentación contable y financiera relacionada con las operaciones de los establecimientos de comercio.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos conocidos, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los investigados son:
- Dairo Segura Díaz, representante legal de las dos estaciones de servicio en Jamundí (Valle del Cauca) y presunto articulador principal de todo el andamiaje ilegal. Se le atribuye la obtención de documentación oficial falsa en la que se autorizaba a empresas legalmente constituidas tramitar la adquisición de altas cantidades de combustible, que posteriormente eran desviadas a las disidencias de las Farc.
- Faber Gabriel Noguera Castillo, propietario de una estación de servicio ubicada en la vereda San Isidro, en Morales (Cauca), y señalado socio de Segura Díaz. Estaría involucrado en la utilización de vehículos cisterna para transportar el combustible a zonas de influencia de la estructura Jaime Martínez.
- Cris Johanna Madroñero Guzmán, quien sería la encargada del manejo financiero y administrativo de la red. Su rol incluía la contratación de trabajadores.
Según los primeros hallazgos de la investigación, mediante diversas maniobras fraudulentas y falsedades y a través de tres estaciones de servicio, en dos años (2022 –2024), la organización habría logrado comercializar volúmenes de gasolina y de ACPM superiores al promedio registrado por otros establecimientos similares que funcionan en ciudades como Cali y Popayán.
Las evidencias indican que las dos gasolineras ubicadas en Jamundí, separadas por tan solo 700 metros, registraron la compra de 1’176.774 galones de combustible, a pesar de que la población local en esa área no supera los 800 habitantes. Igualmente, se constató que desembolsaron 18.373 millones de pesos por el hidrocarburo adquirido.
Entre tanto, la tercera estación, situada en Morales (Cauca), está localizada en una vereda que cuenta con apenas 600 residentes y, aun así, también obtuvo más de un millón de galones de combustible. Por este concepto habrían pagado 6.408 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/JARG/JPF/NAE/DECOC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
