Esta estructura ilegal sería responsable de varios homicidios cometidos en Quindío; al parecer, para mantener el control territorial de zonas en las zonas en donde comercializaba estupefacientes. 

Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Armenia (Quindío) impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario contra ocho presuntos integrantes de la organización delincuencial Renacer, quienes estarían implicados en, al menos, seis homicidios. Uno más de los investigados quedó en libertad y vinculado al proceso penal.

El material probatorio aportado permitió establecer que uno de los hechos criminales ocurrió en 2022, en Armenia. Otros dos hechos similares se presentaron durante el presente año en la capital quindiana, además dos en Montenegro y uno en Circasia.

Los crímenes se habrían realizado como una manera de sembrar terror en sectores como Colinas, Santander y Gibraltar de Armenia, Montenegro y Circasia, especialmente en los lugares en que la organización ilegal comercializaba estupefacientes.

La Fiscalía imputó a los investigados, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, con delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hoy investigados fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Policía Nacional en diligencias de allanamiento y registro en los municipios de Armenia y Circasia en Quindío y en Medellín (Antioquia).

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

CLCG/MAGA/LFVB/DSQ

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.