En operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco años, proporcionó recursos millonarios producto del lavado de activos, tráfico de estupefacientes y contrabando, para la organización criminal de alias Otoniel.
El exhaustivo rastreo a los bienes y recursos que nutren el aparato criminal del ‘Clan del Golfo’, permitió identificar y capturar a 20 presuntos integrantes de la principal red financiera de esta agrupación narcotraficante que, en los últimos cinco años, aportó la exorbitante suma de $212.000’000.000 (doscientos doce mil millones de pesos).
Durante la ofensiva que hace parte de la ‘Operación Agamenón II’, se hicieron de manera simultánea 32 allanamientos y registros a establecimientos comerciales, oficinas y viviendas en Bogotá, Medellín y Montería, y en los municipios antioqueños de El Santuario, Apartadó, Montebello, Turbo y Mutatá.
En las diligencias fueron capturadas 18 personas mediante orden judicial y dos más en flagrancia. Todos los detenidos son procesados por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado, testaferrato, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Asimismo, se incautaron más de 470 millones de pesos en efectivo, 4 armas de fuego, munición, 49 celulares, 28 computadores, 9 memorias USB, un disco duro y 2 tabletas.
Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), se pudo establecer que el dinero incautado en múltiples operaciones realizadas en Medellín contra el lavado de activos y el narcotráfico, tendría como destino final varias zonas del Urabá antioqueño.
Con esa línea de investigación y luego de dos años de indagaciones, quedó al descubierto una red criminal que estaría encabezada por un hombre conocido en el mundo del delito como ‘Matías’ o ‘Maxi’, sindicado de hacer parte del círculo cercano de Aristides Manuel Mesa Páez, ‘El Indio’, uno de los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’.
Los informes de inteligencia evidenciaron que ‘Matías’, al parecer, era el encargado de mantener activas las finanzas del grupo armado organizado para la consecución de armas, equipos de comunicaciones, pago de nóminas y la adquisición de lujosos vehículos y propiedades en la región del Urabá.
El lavado de activos era coordinado a través de 10 empresas, que tenían como fachada la venta de bebidas y tabaco, pero que, de acuerdo a los informes, se nutrían con recursos que recibían de enlaces narcotraficantes en Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá, y de actividades de contrabando.
El contacto con las estructuras delictivas de Centroamérica estaría a cargo del hermano de ‘Matías’, conocido como ‘Ómar’, quien también fue capturado.
Las investigaciones detectaron que todo el dinero de origen ilegal era ocultado en centros de acopio, como algunos Sanandresito en Bogotá, y el complejo comercial El Hueco, la Central Mayorista e inmuebles del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín. Este eslabón del engranaje criminal era coordinado por ‘Carra’, quien también fue detenido y era conocido por su participación en negocios de contrabando y cambio de divisas.
Otro de los jefes de la estructura desarticulada es ‘Juangui’ quien, además de administrar los negocios relacionados con el tráfico de drogas e ingreso ilegal de mercancía, tenía la misión de adquirir vehículos de gama alta y fincas lujosas en el Urabá antioqueño para los principales cabecillas del ‘Clan del Golfo’.
Hay elementos que lo vinculan a la entrega de sumas millonarias de dinero a los familiares de los máximos jefes del grupo armado organizado para costearles los gastos personales y viajes dentro del país y hacia el exterior.
Las evidencias dan cuenta que, todo el dinero recaudado en las distintas ciudades donde intentaban legalizar el dinero del narcotráfico, era enviado al Urabá en caletas acondicionadas en tractocamiones o a través de correos humanos, personas que se movilizaban como pasajeros en buses de servicio público. Los investigadores calcularon que en cada viaje eran transportados entre 1.000 y 2.000 millones de pesos.